Quienes transitan la franja de 40 a 50 años no discuten si el municipio tiene cámaras. Lo saben. No debaten si hay móviles, ni si existe una base operativa de seguridad. Conocen el sistema. Lo vieron funcionar. Y por eso, cuando deja de hacerlo, no buscan excusas: buscan respuestas.
Durante años, San Isidro lideró en tecnología de prevención: más de 1.900 cámaras, una red de patrullaje integrada, corredores seguros y protocolos de intervención rápida. Esa infraestructura sigue en pie. Pero según múltiples vecinos, lo que se quebró es la lógica que daba vida a ese sistema.
Un supuesto relevamiento realizado por referentes de seguridad barrial indica que en numerosos hechos ocurridos en el último semestre —desde arrebatos hasta ingresos domiciliarios— no hubo respuesta inmediata del patrullaje, aun cuando los hechos ocurrieron en zonas monitoreadas.
“La cámara captó todo. Se ve al tipo rompiendo la puerta. Pero el móvil llegó 40 minutos después. Y no fue un caso aislado”, afirma Mariela, 45 años, vecina de Acassuso.
La frustración se multiplica porque el municipio sigue mostrando la infraestructura como si bastara con eso. Pero en seguridad, lo que protege no es el equipamiento.
Es la coordinación, la atención y la voluntad de actuar a tiempo.
En este rango etario, donde el compromiso institucional y la mirada crítica conviven, la sensación dominante es de retroceso. De abandono de una forma de gestión profesional y seria, reemplazada por protocolos que no se ejecutan o por discursos que no coinciden con lo que pasa en la calle.
La seguridad no puede ser solo un área más del municipio. Tiene que ser un sistema vivo, con operadores que sepan leer el territorio, responder con lógica y actuar con decisión.
Porque cuando un vecino ve cómo el Estado graba, pero no interviene, no solo pierde la confianza. Pierde la sensación de estar protegido. Y eso cuesta mucho más de recuperar que una cámara dañada.