La inseguridad en San Isidro dejó de ser una percepción. Hoy es rutina: entraderas violentas, comerciantes atacados, vehículos robados a plena luz del día. Los barrios que alguna vez fueron ejemplo de prevención, hoy se sienten vulnerables.

Frente a este deterioro, aumentan los pedidos para que Lanús rinda cuentas. Legisladores locales, grupos barriales y organizaciones de vecinos exigen respuestas: ¿cómo fue que San Isidro pasó de ser un modelo a una zona liberada? ¿Y por qué no hay un plan concreto a la vista?

Lejos de asumir el problema, el entorno de Lanús se enfoca en evitar que el intendente enfrente los cuestionamientos. Según trascendidos, Juan Bautista Ocampo —dirigente con aspiraciones electorales futuras— estaría operando para bloquear cualquier citación formal, preocupado por el efecto que esto tendría en su carrera política, vinculada al éxito (o fracaso) del actual gobierno municipal.

Por el momento, en el Concejo Deliberante tendrían garantizado el bloqueo de cualquier iniciativa. A excepción del grupo de concejales afines al ex Intendente Gustavo Posse, los distintos partidos accederían al pedido de Lanús y Ocampo de frenar cualquier pedido de explicaciones.

La estrategia del oficialismo incluye desde bloqueos institucionales hasta dilaciones sistemáticas. Sin embargo, la calle no espera. Las redes, los vecinos y las denuncias documentadas exponen una comunidad desprotegida y en estado de alerta.

En lugar de respuestas, el municipio niega el problema. Enrique Rodríguez Varela, Secretario de Seguridad, incluso declaró que “hay mucho de sensación y recuerdo de cosas vividas en el pasado”. Pero los datos y las víctimas contradicen ese relato. Hoy la pregunta es clara: ¿quién gobierna cuando lo urgente es protegerse a sí mismo?